Madre e hija desahuciadas y siete activistas heridos por defenderlas

Madre e hija desahuciadas y siete activistas heridos por defenderlas

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Un dispositivo de unos veinticinco antidisturbios, Policía Nacional y Policía Municipal de Parla, ejecutó ayer el desahucio de Verónica Carro, de 51 años, y su hija, de 14.

Para acceder a la vivienda, rompieron la puerta con una maza, que aunque está construída en suelo público, es gestionada por el fondo “buitre” de inversión privado Lazora, denuncian los activistas.

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Los antidisturbios desalojaron por la fuerza a una treintena de activistas Stop Desahucios que bloqueaban pacíficamente el acceso al portal.

Siete de los activistas, de edades entre los 24 y 62 años, tuvieron que ser atendidos en el hospital por traumatismos. Uno de ellos, de 39 años, tuvo que ser trasladado a urgencias al convulsionar y tener dificultades para respirar.

Verónica Carro presentó en el 2004 la solicitud para optar una vivienda del Plan Especial Municipal de Viviendas de Alquiler de Parla, dirigido a colectivos con dificultades para acceder a una vivienda: discapacitados, pensionistas, jóvenes menores de 35 años o madres con cargas familiares no compartidas, como es su caso. Le fue concedida en 2009 y el alquiler, en un principio de 242€, ha subido hasta 376€ a pesar de ser un piso de protección, según denuncia.

Carro trabajó como jardinera y conserje para el Ayuntamiento de Parla y lleva en el paro tres años. Según afirma, la deuda de alquiler que ha provocado el desahucio corresponde a los meses de marzo, abril y mayo de 2013, pagando desde entonces una mensualidad de 50€ hasta diciembre, cuando le fué imposible afrontar la renta al acabarse su prestación de 424€ y pasando a vivir con 62,43€ al mes, una fracción de su renta mínima.

Según la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), una vez concedidas las viviendas del Ayuntamiento, estas fueron vendidas al fondo buitre Larcovi, que a su vez los vendió a Lazora, dejando de tener los inquilinos en ese momento la reducción en el alquiler por ser vivienda pública.

“Consideramos una estafa que se regale suelo público permitiendo su gestión a fondos de inversión privados, como es el caso de Lazora, que junto a Larcovi y Encasa Cibeles, son las gestoras tapadera de Goldman Sachs, fondo ‘buitre’ que en agosto de 2013 compró un lote de 3.000 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). Lo que este caso demuestra es que, mientras el PSOE denuncia la privatización de la vivienda pública por parte del PP en Madrid, actúa de igual manera en los pueblos que gobierna”, denuncia Manuel San Pastor, abogado de la PAVPS

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VERONICA CARO SOMOS TODOS/AS… En homenaje a todos los que fueron desahuciados por un sistema sin escrúpulos y por todos lo que lo serán. NO ESTAIS SOLOS.

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