Los recortes son además medidas anti- ambientales

El paquete de medidas que nos imponen el Gobierno, la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) empobrece a la ciudadanía al tiempo que profundiza la crisis ambiental.

Por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 recortan radicalmente en inversión ambiental, pero mantienen gastos insostenibles y destructores del patrimonio natural:
La protección y gestión de Parques Nacionales se reduce de 70 millones a 40.
Las actuaciones en materia de cambio climático se quedan en 48 millones, dedicados sobre todo a la compra de derechos de emisión.
Se despilfarran 1.084 millones en la construcción de nuevas carreteras (en el país europeo con más kilómetros de autovía) y 0 euros a la construcción y mejora de caminos naturales.
Se adjudican 3.304 millones al tren de alta velocidad (en el segundo país del mundo, tras China, en kilómetros de AVE), frente a 34 millones en Cercanías.
Se reservan 13 millones para la alimentación artificial de playas, frente a 3 para la gestión de sistemas litorales naturales.

Unas cifras que palidecen ante los 39.772 millones destinados al pago de intereses de la deuda pública. Una deuda que tuvo forma de destrucción de la costa a base de urbanizaciones, se convirtió en deuda pública a través de las milmillonarias ayudas a la banca y pasó a ser pasto de la especulación financiera.

En realidad, los PGE son solo un ejemplo de las medidas anti-ambientales adoptadas por el Gobierno que motivan la convocatoria de la huelga general. Algunas de no menor calado son:
La reforma de la Ley de Costas que supone su privatización.
La política de acoso de las energías renovables, continuista con la del Gobierno anterior, con la subida de impuestos como último capítulo.
El apoyo decidido a la energía nuclear, ejemplificada el proyecto de construcción del cementerio nuclear en Villar de Cañas.
La apuesta por la alta velocidad y las autovías, por los medios de transporte más insostenibles y contaminantes.
La continuación de las ayudas al sector del automóvil.
La puesta en marcha de una reforma de la ley de arrendamientos que favorece la vivienda en propiedad frente a la de alquiler.
Los intentos, exitosos, de quitar cualquier elemento verde de la reforma de la PAC.
La sostenida apuesta del Gobierno por los transgénicos.
El apoyo a los métodos más impactantes de extracción, como las perforaciones en aguas profundas (en Canarias) y fractura hidráulica (en amplios puntos de la Península).

Un entorno equilibrado es el que nos garantiza una vida digna: seguridad alimentaria y alimentos sanos, calidad del aire óptima, agua potable en cantidades adecuadas… y todo ello se encuentra en peligro actualmente. La principal disyuntiva que tiene la sociedad se podría resumir entre “ecologismo o crisis”.

Por todo ello llamo a que el próximo 14 de noviembre queden desiertos los puestos de trabajo y las tiendas, mientras se llenan las calles de manifestaciones y bicipiquetes.

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